El líder de Colombia, Gustavo Petro, ha introducido dos tributos provisionales para financiar acciones que ayuden a contrarrestar la crítica situación de violencia en la zona del Catatumbo, situada en el noreste del país. Esta medida se toma después de la proclamación del estado de conmoción interior el 21 de enero pasado, una acción extraordinaria que brinda al gobierno más poderes para tratar emergencias de seguridad como la que afecta a esta área.
Los impuestos, que se aplicarán desde el 14 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025, pretenden reunir los fondos requeridos para mitigar las consecuencias de los conflictos entre grupos armados, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han ocasionado decenas de muertes y el desplazamiento de más de 50.000 personas, agravando la crisis humanitaria en la región.
Los gravámenes, que estarán vigentes desde el 14 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025, buscan recaudar los recursos necesarios para atender los efectos de los enfrentamientos entre grupos armados, incluidos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos enfrentamientos han dejado decenas de muertos y han provocado el desplazamiento de más de 50.000 personas, exacerbando la situación humanitaria en el área.
El primer tributo implementado por el gobierno apunta a los juegos de azar en línea, tanto a los que se gestionan desde Colombia como a aquellos manejados por operadores colombianos en el exterior. Este impuesto impone un 19% sobre las ventas, tal como se estipula en el artículo 468 del Estatuto Tributario. Aparte de generar ingresos, esta medida permite que el gobierno requiera a los proveedores de internet bloquear plataformas de juego no autorizadas, con la intención de regularizar y controlar dicho sector.
El primero de los impuestos creados por el gobierno está dirigido a los juegos de azar en línea, tanto aquellos operados desde Colombia como los gestionados por operadores colombianos en el extranjero. Este gravamen establece una tarifa del 19% como impuesto sobre las ventas, de acuerdo con el artículo 468 del Estatuto Tributario. Además de recaudar ingresos, esta medida incluye la posibilidad de que el gobierno solicite a los proveedores de internet que bloqueen plataformas de juego que operen sin autorización, con el fin de regularizar y controlar este sector.
Estado de conmoción interior y acciones extraordinarias
La proclamación del estado de conmoción interior hecha por Petro autoriza al gobierno a promulgar decretos con fuerza de ley por un plazo inicial de 90 días, que puede extenderse hasta en dos ocasiones, para abordar situaciones de emergencia severas. En el contexto del Catatumbo, esta disposición intenta solucionar los problemas de violencia ocasionados por los conflictos entre el ELN y otros grupos armados activos en la zona. Estos enfrentamientos han incrementado la inseguridad, impactando de manera significativa a las comunidades locales.
Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno, Petro interrumpió las conversaciones de paz con el ELN, describiendo sus actos como «criminales». A su vez, el ELN ha afirmado que sus acciones responden a supuestas agresiones de otros grupos, incluyendo a los disidentes de las FARC, y que también son objeto de operaciones de inteligencia militar.
Un intento para afrontar la crisis humanitaria
La zona del Catatumbo ha sido tradicionalmente un campo de conflictos armados por la presencia de diversos actores ilegales, incluyendo guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La mezcla de intereses económicos, tales como el control del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha mantenido la violencia en esta región, que además sufre de elevados índices de pobreza y abandono por parte del estado.
La región del Catatumbo ha sido históricamente escenario de conflictos armados debido a la presencia de múltiples actores ilegales, como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La combinación de intereses económicos, como el control del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha perpetuado la violencia en esta zona, que también enfrenta altos niveles de pobreza y abandono estatal.
El gobernante de Colombia, Gustavo Petro, ha implementado dos impuestos temporales para financiar medidas dirigidas a contrarrestar la grave situación de violencia en la región del Catatumbo, ubicada al noreste del país. Esta decisión fue adoptada tras la declaración del estado de conmoción interior el pasado 21 de enero, una acción extraordinaria que otorga al gobierno más facultades para enfrentar emergencias de seguridad, como la que afecta a esta área.
Los impuestos, que estarán vigentes del 14 de febrero al 31 de diciembre de 2025, buscan reunir los fondos necesarios para hacer frente a las repercusiones de los enfrentamientos entre grupos armados, incluidos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han dejado decenas de muertos y han forzado el desplazamiento de más de 50,000 personas, empeorando la crisis humanitaria en la región.
Impuestos para financiar respuestas urgentes
El primer impuesto introducido por el gobierno está dirigido a las apuestas en línea, abarcando tanto las que operan desde Colombia como aquellas manejadas por operadores colombianos en el extranjero. Este tributo establece un 19% sobre las ventas, conforme al artículo 468 del Estatuto Tributario. Además de recaudar fondos, la medida faculta al gobierno para solicitar que los proveedores de internet bloqueen plataformas de juego sin autorización, buscando regularizar y supervisar este sector.
El segundo impuesto, denominado «Impuesto especial para el Catatumbo», afecta a las compañías que extraen hidrocarburos y carbón en el territorio nacional. Estas empresas estarán obligadas a pagar un 1% sobre las ventas de estos productos, independientemente de si se comercializan en el mercado nacional o se exportan. Según lo establecido en el decreto, los recursos obtenidos mediante este tributo se dedicarán exclusivamente a cubrir los costos del Presupuesto General de la Nación relacionados con la gestión de la crisis en el Catatumbo.
Advertencia interna y medidas excepcionales
La declaración del estado de conmoción interior por parte de Petro permite al gobierno promulgar decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, extensible hasta en dos ocasiones, con el objetivo de afrontar emergencias graves. En el escenario del Catatumbo, esta acción busca tratar los problemas de violencia provocados por los conflictos entre el ELN y otros grupos armados que actúan en la región. Estos choques han incrementado la inseguridad, afectando considerablemente a las comunidades locales.
Como parte de las medidas del gobierno, Petro suspendió las conversaciones de paz con el ELN, calificando sus acciones de «criminales». Por su parte, el ELN ha sostenido que sus acciones son en respuesta a supuestas agresiones de otros grupos, incluidos los disidentes de las FARC, y que además son blanco de operaciones de inteligencia militar.
Un esfuerzo por enfrentar la crisis humanitaria
La zona del Catatumbo ha sido históricamente un escenario de conflictos armados debido a la presencia de múltiples actores ilegales, como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La combinación de intereses económicos, como el dominio del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha mantenido la violencia en esta región, la cual también padece altos niveles de pobreza y abandono por parte del Estado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instaurado dos impuestos temporales con el propósito de recaudar fondos destinados a la implementación de acciones para enfrentar la crítica situación de violencia en la región del Catatumbo, localizada en el noreste del país. Esta decisión se adoptó tras declarar el estado de conmoción interior el pasado 21 de enero, una medida excepcional que otorga al gobierno mayores facultades para tratar emergencias de seguridad como la que afecta a esta zona.
Los tributos, que estarán vigentes del 14 de febrero al 31 de diciembre de 2025, buscan obtener los fondos necesarios para mitigar las consecuencias de los enfrentamientos entre grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han resultado en decenas de muertes y han provocado el desplazamiento de más de 50,000 personas, empeorando la crisis humanitaria en la región.
Impuestos para costear respuestas inmediatas
El primer impuesto establecido por el gobierno se dirige a las apuestas en línea, incluyendo tanto aquellas gestionadas dentro de Colombia como las operadas por colombianos en el extranjero. Este tributo impone un 19% como impuesto sobre las ventas, conforme al artículo 468 del Estatuto Tributario. Además de generar ingresos, la medida faculta al gobierno a solicitar a los proveedores de internet que bloqueen las plataformas de juego sin licencia, con el fin de regular y controlar este sector.
El segundo impuesto, denominado «Impuesto especial para el Catatumbo», afecta a las empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos y carbón en el país. Estas compañías deberán pagar un 1% sobre las ventas de estos productos, sin importar si se comercializan en el mercado interno o se exportan. Según lo establecido en el decreto, los recursos generados por este tributo se destinarán exclusivamente a financiar los gastos del Presupuesto General de la Nación relacionados con la gestión de la crisis en el Catatumbo.
Declaración de conmoción interior y medidas excepcionales
La declaración del estado de conmoción interior realizada por Petro permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, prorrogable hasta en dos ocasiones, para enfrentar situaciones de emergencia graves. En el caso del Catatumbo, esta medida busca abordar los problemas de violencia originados por los conflictos entre el ELN y otros grupos armados presentes en la región. Estos enfrentamientos han aumentado la inseguridad, afectando considerablemente a las comunidades locales.
En el marco de las medidas adoptadas por el gobierno, Petro optó por suspender las negociaciones de paz con el ELN, calificando de «criminales» las acciones de esta guerrilla. El ELN, en respuesta, ha sostenido que sus actividades son una reacción a supuestas agresiones de otros grupos, como los disidentes de las FARC, y que también están siendo objeto de operaciones de inteligencia militar.
Un esfuerzo para enfrentar la crisis humanitaria
