Donald Trump es el asunto estrella del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Aunque ya hay varios casos que le afectan de forma directa o indirecta, el recurso presentado ahora por el expresidente definirá el futuro electoral de Estados Unidos. Trump ha recurrido ante los jueces su exclusión de las papeletas electorales en las primarias de Colorado, una decisión tomada también en Maine y que podría ser replicada por otros estados. Hay más de una treintena en los que su participación está impugnada. Los nueve magistrados que se sitúan en la cúspide del sistema judicial estadounidense tendrán que decidir si debe dejarse a Trump al margen de las elecciones por haber participado en una insurrección.
La presentación del recurso se daba por segura. El expresidente y ahora candidato tenía de plazo hasta este jueves 4 de enero para acudir al Supremo, que cuenta con una supermayoría conservadora de seis jueces, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia. El recurso se suma a otro presentado por el Partido Republicano de Colorado. Llega además al día siguiente de otro presentado por Trump ante el Tribunal Superior de Maine contra su exclusión en las primarias de dicho estado. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano.
La presentación del recurso ante el Supremo ha sido confirmada por los abogados de Trump, pero aún no está disponible el texto del recurso. No obstante, el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Maine ya anticipa algunos de los argumentos del expresidente.
El Tribunal Supremo de Colorado decidió por cuatro votos a tres que a Trump se le debía aplicar la sección tercera de la 14ª enmienda, declarándole inelegible para un cargo público, el de presidente, y que, por tanto, su nombre no debería figurar en las papeletas de las elecciones primarias de cara a las presidenciales del 5 de noviembre de 2024.
Dicha disposición reza: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder.
Como en el recurso de Maine, los abogados aseguran ante el Supremo que Trump no ha tomado parte en ninguna insurrección. Los discursos públicos que dio (incluido uno del 6 de enero de 2021 antes del asalto al Capitolio), están protegidos por la libertad de expresión.
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El recurso de Trump en Maine sostiene que esa disposición no es de aplicación automática y que “no deja ningún papel a los funcionarios estatales en su aplicación”. La norma, argumentan, prohíbe a ciertas personas “ocupar cargos específicos, [pero] no que se presenten a ellos ni que sean elegidas para ellos”. También señalan que “no se aplica al presidente Trump porque nunca ha servido como ‘funcionario de Estados Unidos’ y nunca ha prestado ‘juramento de apoyar la Constitución”, sino que el juramento del presidente es de “preservar, proteger y defender” la Constitución.
Los abogados añaden que la enmienda se refiere a cualquier “funcionario de los Estados Unidos”, un término que, según su interpretación, no se aplica al presidente. Curiosamente, en el caso de fraude de Nueva York, los abogados del expresidente decían que debía trasladarse a un juzgado federal porque Trump era “funcionario de Estados Unidos” y la Fiscalía sostuvo, con éxito, lo contrario.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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